En pleno siglo XXI, la lucha por la privacidad y la libertad individual enfrenta un nuevo desafío en España. El reciente Real Decreto 1225/2024, que aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, incluye disposiciones que obligan a los ciudadanos a proporcionar sus datos personales al gobierno. Este decreto, publicado en el BOE, plantea serias interrogantes sobre la protección de la privacidad en una era donde el control de datos parece ser el nuevo «petróleo».
El contenido del Decreto. ¿Qué implica?
El Plan Estadístico Nacional es el instrumento principal para coordinar las actividades estadísticas del Estado. Según el artículo 3 del decreto, los datos requeridos para elaborar estadísticas serán obligatorios para todos los ciudadanos, salvo información especialmente sensible como la orientación sexual, creencias religiosas o ideológicas, que sólo podrá recogerse bajo consentimiento expreso.
Entre las medidas más controvertidas están:
- El uso obligatorio de datos personales para operaciones estadísticas relacionadas con economía, medio ambiente, transporte y otras áreas.
- La posibilidad de incluir nuevas estadísticas en los programas anuales sin consulta previa, bajo justificaciones como normativas europeas o razones de urgencia.
- El acceso a fuentes administrativas y privadas de datos, como registros empresariales y datos generados por el sector privado, lo que expande enormemente el alcance del Estado sobre la información de los ciudadanos.
Las preocupaciones sobre privacidad, libertad y transparencia
Aunque el decreto menciona principios de confidencialidad y secreto estadístico como garantías de seguridad, varios aspectos generan preocupación:
1. Erosión del derecho a la privacidad
El hecho de que los ciudadanos no puedan negarse a entregar datos personales obligatorios plantea dudas sobre hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse en sus vidas. En una sociedad digitalizada, donde los datos pueden ser utilizados para fines que trascienden su propósito original, esta obligatoriedad preocupa.
2. Potencial de abuso
La recopilación masiva de datos centralizados incrementa el riesgo de su uso indebido, ya sea por actores internos o externos. Los fallos de seguridad, como filtraciones de datos, son una amenaza constante.
3. Falta de control ciudadano
A pesar de la promesa de transparencia, el acceso del ciudadano a cómo se utilizan sus datos parece limitado. El sistema estadístico prioriza el cumplimiento de metas internacionales y europeas, dejando en segundo plano la consulta pública efectiva.
¿Cómo afecta a la libertad individual?
La acumulación masiva de datos personales puede convertirse en un instrumento de control social si no se gestiona adecuadamente. La historia reciente en otros países muestra cómo la vigilancia digital, sustentada en argumentos de mejora administrativa o seguridad, puede restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión o movimiento.
El nuevo Plan también incluye el desarrollo de un «Padrón online», diseñado para proporcionar información poblacional en tiempo real a los municipios. Aunque esto promete eficiencias en la administración, también implica una vigilancia más exhaustiva y constante.
¿Es este el precio del progreso?
El Real Decreto 1225/2024 plantea un dilema que resume el conflicto moderno entre tecnología y derechos individuales: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en su acceso a la información de los ciudadanos para justificar sus acciones? Si bien el gobierno argumenta que esta recopilación de datos es necesaria para garantizar decisiones informadas y políticas efectivas, la línea entre utilidad y abuso es cada vez más delgada.
La implementación de este decreto marca un punto de inflexión en la relación entre el ciudadano y el Estado en España. Aunque la modernización de las estadísticas oficiales es necesaria para enfrentar retos globales como el cambio climático o la economía digital, el costo en términos de privacidad y libertad podría ser demasiado alto. Los ciudadanos, como siempre, deberán estar atentos y exigir mecanismos de control más estrictos para proteger lo que nos hace libres: nuestra autonomía y nuestro derecho a la privacidad.